Por fin, el Presidente Martín Torrijos ha empezado a entender que el camino elegido para llevar a un Referendo el Proyecto de la ACP sobre la ampliación del Canal no le garantizaba un veredicto favorable, por lo menos con una ventaja ancha sobre el NO. Su propósito de convertir el Proyecto de la ACP de corte transnacional y neo-liberal, en Proyecto del gobierno, por la vía administrativa de hecho, premunido de su mayoría absoluta en la Asamblea de Diputados le ha evidenciado que no le aseguraba su expectativa victoriosa. Así se ha arrogado el derecho de convocar a un diálogo o debate nacional, que subvierte objetivamente el orden burocrático y anti-democratico que se escogió en medio de una confrontación política en torno a lo que ahora es el Proyecto del gobierno sobre la ampliación y las tensiones colaterales que están produciendo los conflictos en educación, en la C.S.S. y otros sectores sociales. El Presidente no ha dejado claro si su convocatoria suspende el curso que se ha seguido hacia el Referendo el 22 de octubre y se busca otra vía para llegar a él; es un hecho tangible que el gobierno se ha visto obligado a dar un paso atrás ante el impacto de la opinión pública cuya dinámica favorece al voto negativo y al sector de indecisos.

La convocatoria del Presidente, si bien es un grado de retroceso en su ofensiva por el SÍ, no es palmaria en sus verdaderas intenciones, lo cual deja dudas en si no es una táctica diversionista, para desviar la atención del tema de la ampliación del Canal que ha sido la motivación para que amplísimos sectores se hayan hecho eco de la necesidad nacional de establecer un “Plan de Desarrollo Nacional” que sirva de contexto a un Proyecto de ampliación distinto al original de la ACP y le marque los verdaderos alcances y responsabilidades económicas y sociales de interés nacional.

Ese debate convocado por el Presidente, para lo cual ha nombrado administrativamente de mediadores al PNUD y a don Enrique Iglesias, para que genere confiabilidad, tiene que guiarse por un método genuinamente democrático de participación pluralista, sin exclusión. El punto de partida de ese dialogo debe ser la existencia real de una diversidad de intereses sociales con sus respectivas demandas, empeñadas en encontrar un punto de convergencia que sirva al progreso social y económico del País. Por lo tanto debe de transitar desde una diversidad de demandas, es decir, desde un disenso, a un objetivo común de Desarrollo Nacional viable y factible por medio de un consenso, de mayoría o unánime, según lo dictamine el método escogido democráticamente. Así, es absurdo pensar que el Proyecto del gobierno, en el dialogo, hipotéticamente es un acuerdo parcial que tiene que convertirse en un acuerdo unánime como algunos voceros del gobierno y de la ACP sugieren. La participación oficial tiene que ser solo una parte del dialogo equiparado en derechos a las demás partes sectoriales y tendencias políticas e ideológicas. En esas condiciones el Partido del Pueblo acoge el llamamiento del Presidente.

La agenda del dialogo, cuyo propósito es encontrar una senda común que nos lleve a objetivos comunes de desarrollo de corto, mediano y largo plazo, exige que sus componentes no deben ser apriorísticos, escogido por el dedo de intereses ocultos ni por cenáculos sectarios y burocráticos ni por eminencias que piensan por los demás, de tal manera que lo que es bueno para ellos tiene que ser bueno para los otros. La agenda para que exprese todos los diferentes problemas y demandas que los distintos intereses desean discutir dentro del contexto del clamor general de un Plan de Desarrollo Nacional, debe ser elaborada democráticamente, al igual que el método dentro del marco del diálogo convocado.

Siendo la ampliación del Canal, el factor determinante que ha provocado, en la coyuntura política de crisis social que vive el país actualmente, el deseo general de llegar a un pacto nacional de Desarrollo económico y político, pretender, en estas condiciones, separar el concepto de “Desarrollo Nacional” de la ampliación, además de ilógico y aberrante es una castración de ese evento que lo único que logrará es dar lugar a que se apague el fuego con gasolina. La ampliación convertida ahora en proyecto del gobierno tiene que verificarse dentro de las exigencias del Desarrollo Nacional y establecer nítidamente la parte de responsabilidad que a esas obras del tercer juego de esclusas les cabe en él, ya que la Autoridad del Canal por Constitución y las leyes sobre todo, la 19 y la 21 del 97, tiene jurisdicción administrativa, política y económica en el área que encierra la noción del Canal de Panamá, incluyendo aguas marítimas y aguas dulces, así como en la cuenca hidrográfica que abarca hasta sus vecindades. La Autoridad del Canal es una entidad Estatal y no privada que como tal tiene que garantizar la inalienabilidad de todos los recursos naturales puestos a su servicio para asegurar el funcionamiento del Canal permanentemente. En consecuencia, no puede seguir entregando, a título gratuito, a los usuarios , enajenándola, el consumo de agua. Este asunto no puede ser excluido del debate ya que es parte fundamental de un Plan de Desarrollo Nacional que tiene que descansar ineludiblemente en la explotación del patrimonio natural del país con finalidades autóctonas.

Por un Canal por Panamá y para Panamá.
Abajo la consigna colonialista
de Panamá por el Canal y para el Cana

Ruben D. Sousa B.
Coordinador General
Panamá, 22 de agosto de 2006